"El Banco Central se lavó las manos con las cifras de vivienda
de 2011"
06:17 am 18-Abr de
2012Alejandro
Hinds
Miguel Méndez Rodulfo asegura que el instituto emisor se
limitó a publicar las estadísticas del Gobierno sin verificarlas
Miguel Méndez Rodulfo considera que el informe del Banco
Central de Venezuela sobre el desempeño de la construcción de viviendas en el
cuarto trimestre de 2011 ratifica las dudas que académicos, empresarios y
políticos han manifestado sobre la cantidad de unidades edificadas el año
pasado.
El instituto emisor, en el documento, solamente se atribuye las cifras de la empresa privada porque aclara que las estadísticas del sector público son del Órgano Superior de Vivienda y que las de los consejos comunales son del Ministerio de las Comunas.
"Eso muestra que lo que verificó, comprobó y contabilizó fue lo construido por el sector privado. Revela que tomó los datos del sector público sin auditarlos, como le convenía al Gobierno. Se limitó a publicarlos dándolos como buenos. El BCV se lavó las manos con las cifras de vivienda de 2011", dice Méndez Rodulfo.
Agrega que el banco no se limitó a señalar la fuente de la información sino que fue más allá. "La primera página del informe destaca que hay más viviendas paralizadas, que hay desabastecimiento de insumos y que retrocedió el área autorizada. Es una forma elegante de decir que los datos del Gobierno no son ciertos".
--El informe del BCV ratifica la cifra oficial de 146.000 viviendas... --Sí. Habla de 50.000 del sector privado, 63.000 del público y 33.000 de los consejos comunales. Pero, insisto, lo que comprobó, porque fue a las obras, fue lo edificado por la empresa privada. Llama la atención que no haya verificado al sector público, como hacía antes. Habida cuenta de que este es un Gobierno electorero y manipulador, las cifras serían más confiables si el BCV las hubiese verificado.
--¿Por qué no lo hizo? --Porque hubieran tenido que confesar, entre otras cosas, que las viviendas de los urbanismos expropiados en octubre de 2010 (no los intervenidos) se contabilizaron como públicas a pesar de que tenían un adelanto de 85% y de que el 15% restante aún no ha sido terminado porque no se asignan los recursos y no se toman las decisiones. Pero, aunque no las han entregado, las están contando como terminadas.
--¿Cuántas viviendas se construyeron el año pasado? --Como la misión se creó con fines electorales, el Gobierno hace de cada entrega un acto público y comunicacional, lo que permite hacerle seguimiento fácilmente y determinar cuántas viviendas han concluido. Personalmente me he dedicado a eso. Allí uno se da cuenta de que las entregas son 10 viviendas en un sitio, 18 en otro, 30 más allá. Hay pocos desarrollos grandes. Por eso puedo decir que el Gobierno no hizo más de 15.000 viviendas incluidas las sustituciones de ranchos en 2011, la misma cifra del año previo.
A eso hay que sumarle alrededor de 45.000 viviendas del sector privado.
--¿Sólo 15.000? --La cuenta da menos, pero la llevo a 15.000 suponiendo que alguna entrega no fue cubierta o no fue informada, aunque el sistema de medios públicos incluso reseña varias veces los mismos actos porque la intención es crear una matriz de opinión de que están entregando muchas viviendas todo el tiempo. En ocasiones ponen el mismo lugar y cambian la cantidad entregada, pero aun tomando la cifra más alta no da más de 15.000.
--Es una diferencia muy grande con lo dicho por las autoridades. --Vamos a cualquier ciudad de Venezuela. Si hicieron 146.000 viviendas y están haciendo otras tantas, todas deberían estar pobladas de urbanismos, de obras, de grúas, de camiones llevando cemento, de portones en que no hay obreros matándose para entrar a una obra porque hay una gran demanda. Habría una demanda de ingenieros, de topógrafos, de maestros de obra, de administradores, de especialistas en recursos humanos. Estuviéramos importando cemento y cabillas para garantizar el suministro, porque la producción ha caído desde que el Gobierno estatizó las empresas. Sidor fabrica 30% de lo que hacía en 2008 y las cementeras igual.
--¿Por qué ha retrocedido la producción de cemento y cabillas? --Porque el Gobierno no paga a tiempo, no hace las inversiones necesarias, no incentiva al personal sino que lo maltrata. Hay una politización de las empresas, como ha ocurrido en todo el sector público. Entonces tienes a unos trabajadores que venían de laborar para transnacionales que aplicaban políticas de primer mundo porque Cemex, Holcim y Lafarge son las principales cementeras del planeta y pasaron a una empresa pública donde no hay meritocracia ni respeto por el contrato colectivo. ¿Cómo se van a sentir? Además, buena parte de la gerencia migró (algunos para trabajar con las mismas compañías) y eso quedó al garete. Hace poco se denunció la canibalización de los camiones cementeros, porque no hay repuestos. Una de las empresas tenía 20 y ahora tiene 5. Entonces cómo van a producir si no tienen cómo distribuir el producto.
--¿Cómo hace el Gobierno para ocultar la diferencia entre lo anunciado y lo hecho? --Cambió la estrategia. Desde finales del año pasado muestra un acto de entrega de viviendas en un urbanismo, pero dice que también está adjudicando viviendas en otros lugares del país. En febrero, por ejemplo, el gobernador de Bolívar entregó unas casas en el municipio Heres y dijo que ese día se estaban adjudicando 337 en todo el estado y 4.000 en toda Venezuela.
La realidad es que sólo entregaron las de Heres, pero nadie lo puede verificar porque solamente hay un acto. Esa es la manera como ellos pueden presentar la cifra de 146.000 viviendas.
--¿Por qué no se ha podido construir la cantidad de viviendas prometida? --Por muchas razones, una de ellas el desvío de los recursos.
El Ejecutivo ha invertido en la construcción, pero el dinero se ha desviado. ¿Por qué? Hay gente que tiene amigos en Pdvsa y en las gobernaciones que consigue un contrato para 50 viviendas. ¿Qué hace? Se va a un barrio periférico o un caserío y trabaja en mejorar 10 casas. Pero, además, si llevan 10 cabillas, le ponen 7. Si llevan 40 bloques, le ponen 35. Si llevan 5 sacos de cemento, le ponen 3. El entorno, además, se mantiene igual.
Sin acceso a servicios públicos, sin conexión adecuada a los acueductos, sin aceras, sin calles, sin transporte, sin equipamiento urbano (escuelas, dispensarios). Las mismas condiciones de vida con una vivienda medianamente mejorada. El problema de fondo es que el Gobierno no tiene un concepto definido. Pensó que podía hacer muchas viviendas porque tenía la presión de los damnificados, que por cierto son una prueba de que no hicieron lo que dijeron. Hay 30.000 familias que siguen en albergues.
--El Gobierno dice que no quieren irse al interior. --Eso no es verdad. Si los mandan al interior, se van.
No porque quieran sino porque los refugios son un peligro enorme. Tienen todos los males del barrio sin ninguna de sus bondades: El entorno familiar, porque todos se conocen. La vista de Caracas, que desde los barrios es espectacular. La casa hecha a la medida, porque la vivienda del barrio es buena, lo malo es el terreno. En los refugios hay asesinatos, robos, peleas. Así que si les dan una casa se van a ir. Eso es una coartada del Gobierno.
--¿Es posible construir 200.000 viviendas al año? --En el país hay las condiciones para hacerlo. Si se reactiva el sector público, se desmonta el marco legal que sabotea la iniciativa privada. La construcción de viviendas debe pasar de ser un negocio en el que nadie se mete a ser una oportunidad para que mucha gente invierta.
El instituto emisor, en el documento, solamente se atribuye las cifras de la empresa privada porque aclara que las estadísticas del sector público son del Órgano Superior de Vivienda y que las de los consejos comunales son del Ministerio de las Comunas.
"Eso muestra que lo que verificó, comprobó y contabilizó fue lo construido por el sector privado. Revela que tomó los datos del sector público sin auditarlos, como le convenía al Gobierno. Se limitó a publicarlos dándolos como buenos. El BCV se lavó las manos con las cifras de vivienda de 2011", dice Méndez Rodulfo.
Agrega que el banco no se limitó a señalar la fuente de la información sino que fue más allá. "La primera página del informe destaca que hay más viviendas paralizadas, que hay desabastecimiento de insumos y que retrocedió el área autorizada. Es una forma elegante de decir que los datos del Gobierno no son ciertos".
--El informe del BCV ratifica la cifra oficial de 146.000 viviendas... --Sí. Habla de 50.000 del sector privado, 63.000 del público y 33.000 de los consejos comunales. Pero, insisto, lo que comprobó, porque fue a las obras, fue lo edificado por la empresa privada. Llama la atención que no haya verificado al sector público, como hacía antes. Habida cuenta de que este es un Gobierno electorero y manipulador, las cifras serían más confiables si el BCV las hubiese verificado.
--¿Por qué no lo hizo? --Porque hubieran tenido que confesar, entre otras cosas, que las viviendas de los urbanismos expropiados en octubre de 2010 (no los intervenidos) se contabilizaron como públicas a pesar de que tenían un adelanto de 85% y de que el 15% restante aún no ha sido terminado porque no se asignan los recursos y no se toman las decisiones. Pero, aunque no las han entregado, las están contando como terminadas.
--¿Cuántas viviendas se construyeron el año pasado? --Como la misión se creó con fines electorales, el Gobierno hace de cada entrega un acto público y comunicacional, lo que permite hacerle seguimiento fácilmente y determinar cuántas viviendas han concluido. Personalmente me he dedicado a eso. Allí uno se da cuenta de que las entregas son 10 viviendas en un sitio, 18 en otro, 30 más allá. Hay pocos desarrollos grandes. Por eso puedo decir que el Gobierno no hizo más de 15.000 viviendas incluidas las sustituciones de ranchos en 2011, la misma cifra del año previo.
A eso hay que sumarle alrededor de 45.000 viviendas del sector privado.
--¿Sólo 15.000? --La cuenta da menos, pero la llevo a 15.000 suponiendo que alguna entrega no fue cubierta o no fue informada, aunque el sistema de medios públicos incluso reseña varias veces los mismos actos porque la intención es crear una matriz de opinión de que están entregando muchas viviendas todo el tiempo. En ocasiones ponen el mismo lugar y cambian la cantidad entregada, pero aun tomando la cifra más alta no da más de 15.000.
--Es una diferencia muy grande con lo dicho por las autoridades. --Vamos a cualquier ciudad de Venezuela. Si hicieron 146.000 viviendas y están haciendo otras tantas, todas deberían estar pobladas de urbanismos, de obras, de grúas, de camiones llevando cemento, de portones en que no hay obreros matándose para entrar a una obra porque hay una gran demanda. Habría una demanda de ingenieros, de topógrafos, de maestros de obra, de administradores, de especialistas en recursos humanos. Estuviéramos importando cemento y cabillas para garantizar el suministro, porque la producción ha caído desde que el Gobierno estatizó las empresas. Sidor fabrica 30% de lo que hacía en 2008 y las cementeras igual.
--¿Por qué ha retrocedido la producción de cemento y cabillas? --Porque el Gobierno no paga a tiempo, no hace las inversiones necesarias, no incentiva al personal sino que lo maltrata. Hay una politización de las empresas, como ha ocurrido en todo el sector público. Entonces tienes a unos trabajadores que venían de laborar para transnacionales que aplicaban políticas de primer mundo porque Cemex, Holcim y Lafarge son las principales cementeras del planeta y pasaron a una empresa pública donde no hay meritocracia ni respeto por el contrato colectivo. ¿Cómo se van a sentir? Además, buena parte de la gerencia migró (algunos para trabajar con las mismas compañías) y eso quedó al garete. Hace poco se denunció la canibalización de los camiones cementeros, porque no hay repuestos. Una de las empresas tenía 20 y ahora tiene 5. Entonces cómo van a producir si no tienen cómo distribuir el producto.
--¿Cómo hace el Gobierno para ocultar la diferencia entre lo anunciado y lo hecho? --Cambió la estrategia. Desde finales del año pasado muestra un acto de entrega de viviendas en un urbanismo, pero dice que también está adjudicando viviendas en otros lugares del país. En febrero, por ejemplo, el gobernador de Bolívar entregó unas casas en el municipio Heres y dijo que ese día se estaban adjudicando 337 en todo el estado y 4.000 en toda Venezuela.
La realidad es que sólo entregaron las de Heres, pero nadie lo puede verificar porque solamente hay un acto. Esa es la manera como ellos pueden presentar la cifra de 146.000 viviendas.
--¿Por qué no se ha podido construir la cantidad de viviendas prometida? --Por muchas razones, una de ellas el desvío de los recursos.
El Ejecutivo ha invertido en la construcción, pero el dinero se ha desviado. ¿Por qué? Hay gente que tiene amigos en Pdvsa y en las gobernaciones que consigue un contrato para 50 viviendas. ¿Qué hace? Se va a un barrio periférico o un caserío y trabaja en mejorar 10 casas. Pero, además, si llevan 10 cabillas, le ponen 7. Si llevan 40 bloques, le ponen 35. Si llevan 5 sacos de cemento, le ponen 3. El entorno, además, se mantiene igual.
Sin acceso a servicios públicos, sin conexión adecuada a los acueductos, sin aceras, sin calles, sin transporte, sin equipamiento urbano (escuelas, dispensarios). Las mismas condiciones de vida con una vivienda medianamente mejorada. El problema de fondo es que el Gobierno no tiene un concepto definido. Pensó que podía hacer muchas viviendas porque tenía la presión de los damnificados, que por cierto son una prueba de que no hicieron lo que dijeron. Hay 30.000 familias que siguen en albergues.
--El Gobierno dice que no quieren irse al interior. --Eso no es verdad. Si los mandan al interior, se van.
No porque quieran sino porque los refugios son un peligro enorme. Tienen todos los males del barrio sin ninguna de sus bondades: El entorno familiar, porque todos se conocen. La vista de Caracas, que desde los barrios es espectacular. La casa hecha a la medida, porque la vivienda del barrio es buena, lo malo es el terreno. En los refugios hay asesinatos, robos, peleas. Así que si les dan una casa se van a ir. Eso es una coartada del Gobierno.
--¿Es posible construir 200.000 viviendas al año? --En el país hay las condiciones para hacerlo. Si se reactiva el sector público, se desmonta el marco legal que sabotea la iniciativa privada. La construcción de viviendas debe pasar de ser un negocio en el que nadie se mete a ser una oportunidad para que mucha gente invierta.
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