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miércoles, 12 de noviembre de 2014
jueves, 9 de agosto de 2012
El Estado amplió el control en la construcción de viviendas
CAMBIO DE MODELO
El dominio se ha ejercido mediante regulaciones y nacionalizaciones
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Por la falta de insumos y los nuevos marcos legales los privados tienen 146 mil unidades paradas o sin iniciar ARCHIVO
MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
jueves 9 de agosto de 2012 12:00 AM
En 2007 el Estado decidió ampliar el dominio en las denominadas actividades estratégicas, lo que abarcó al sector construcción, y en cinco años el control en esa área se ha ejercido mediante las nacionalizaciones de empresas, las regulaciones y las ocupaciones de desarrollos habitacionales.
Si bien la participación estatal se ha registrado en gran parte de la construcción general, en la producción de viviendas se ha reflejado más, debido a las normativas que se han impuesto desde el 2009.
Hace tres años el Ejecutivo inició el cerco cuando el para entonces Ministerio de Obras Públicas prohibió la aplicación del índice de precios al consumidor en la preventa de inmuebles, lo cual obligó a las constructoras a realizar una revisión de los contratos. Y a partir de ese momento, las operaciones en el mercado primario empezaron a mermar.
El Estado siguió con las acciones, y aunado a esa prohibición, reformó la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios para fijar medidas preventivas sobre los bienes inmuebles cuando se detecten abusos de las constructoras. Luego se aprobó la Ley de Tierras Urbanas, que declara de utilidad pública e interés social todas las tierras sin uso y limita la disposición (venta) de los terrenos.
Las medidas no cesaron. En 2010 no se aprobaron nuevas leyes, pero sí fueron constantes las amenazas al sector hasta que en noviembre de ese año se autorizó la expropiación y ocupación de 57 desarrollos habitacionales en varios estados, bajo el argumento de que las constructoras incumplieron con las normativas y se retrasaron en la entrega de los proyectos. Esas soluciones posteriormente pasaron a engrosar la meta de producción de casas de los entes oficiales.
El cerco se siguió extendiendo en 2011 y 2012 cuando se autorizaron la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Dichas normas imponen más pasos a la producción de viviendas.
En la Ley de Alquileres las constructoras tienen que destinar un porcentaje de las unidades nuevas al arrendamiento y por esa obligatoriedad, deben informar al Ministerio de la Vivienda la cantidad de casas a realizar, y sin la carta aval del despacho no se pueden iniciar los desarrollos.
A esas exigencias se suman las previstas en la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que ordena a las empresas a registrarse ante una dependencia del despacho de la Vivienda y presentar una fianza por el 100% del costo de la obra. Ante ello, las constructoras ahora tardan más en arrancar los proyectos.
Situación diferente enfrentan los entes oficiales. Por la emergencia generada por las lluvias de diciembre de 2010, el pasado año el Gobierno redactó la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda y la Ley de Propiedad Familiar, que aunque contemplan ocupaciones de bienes e imponen condiciones a los beneficiarios de las unidades, le permite al Gobierno avanzar en la producción de soluciones habitacionales.
Las acciones del Estado llegan hasta los financiamientos. En los últimos decretos de la gaveta hipotecaria se ha fijado que la asignación de fondos a los desarrollos requiere de la aprobación previa del Órgano Superior de la Vivienda.
Mercado público
Más allá de la estructura legal creada, el Estado también ejerce el dominio en la producción y distribución de los materiales clave del sector construcción como cabillas, cemento, agregados y bloques.
El Gobierno en el Plan Socialista 2007-2013 notificó que era fundamental la inversión pública en la producción de insumos de la construcción. Por ello, entre 2008 y 2010 nacionalizó las siderúrgicas y las cementeras, y ahora maneja el 90% de la fabricación de los materiales.
Pero las cifras oficiales muestran que después de las nacionalizaciones la producción ya no es similar a la generada en otros períodos, y por ejemplo, al cierre de 2011 la fabricación de cabillas estuvo 19% por debajo de la registrada en 2007.
Con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela el dominio estatal con los insumos ha sido mayor, pues se extendió a la distribución.
Y en un contexto de producción insuficiente, el Ejecutivo decidió que la prioridad en la asignación de los materiales es para los proyectos del plan oficial, lo que ha afectado la ejecución de las obras privadas.
Por las regulaciones y la falta de insumos, las casas paradas o sin iniciar de los privados superan las 146 mil.
Si bien la participación estatal se ha registrado en gran parte de la construcción general, en la producción de viviendas se ha reflejado más, debido a las normativas que se han impuesto desde el 2009.
Hace tres años el Ejecutivo inició el cerco cuando el para entonces Ministerio de Obras Públicas prohibió la aplicación del índice de precios al consumidor en la preventa de inmuebles, lo cual obligó a las constructoras a realizar una revisión de los contratos. Y a partir de ese momento, las operaciones en el mercado primario empezaron a mermar.
El Estado siguió con las acciones, y aunado a esa prohibición, reformó la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios para fijar medidas preventivas sobre los bienes inmuebles cuando se detecten abusos de las constructoras. Luego se aprobó la Ley de Tierras Urbanas, que declara de utilidad pública e interés social todas las tierras sin uso y limita la disposición (venta) de los terrenos.
Las medidas no cesaron. En 2010 no se aprobaron nuevas leyes, pero sí fueron constantes las amenazas al sector hasta que en noviembre de ese año se autorizó la expropiación y ocupación de 57 desarrollos habitacionales en varios estados, bajo el argumento de que las constructoras incumplieron con las normativas y se retrasaron en la entrega de los proyectos. Esas soluciones posteriormente pasaron a engrosar la meta de producción de casas de los entes oficiales.
El cerco se siguió extendiendo en 2011 y 2012 cuando se autorizaron la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Dichas normas imponen más pasos a la producción de viviendas.
En la Ley de Alquileres las constructoras tienen que destinar un porcentaje de las unidades nuevas al arrendamiento y por esa obligatoriedad, deben informar al Ministerio de la Vivienda la cantidad de casas a realizar, y sin la carta aval del despacho no se pueden iniciar los desarrollos.
A esas exigencias se suman las previstas en la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que ordena a las empresas a registrarse ante una dependencia del despacho de la Vivienda y presentar una fianza por el 100% del costo de la obra. Ante ello, las constructoras ahora tardan más en arrancar los proyectos.
Situación diferente enfrentan los entes oficiales. Por la emergencia generada por las lluvias de diciembre de 2010, el pasado año el Gobierno redactó la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda y la Ley de Propiedad Familiar, que aunque contemplan ocupaciones de bienes e imponen condiciones a los beneficiarios de las unidades, le permite al Gobierno avanzar en la producción de soluciones habitacionales.
Las acciones del Estado llegan hasta los financiamientos. En los últimos decretos de la gaveta hipotecaria se ha fijado que la asignación de fondos a los desarrollos requiere de la aprobación previa del Órgano Superior de la Vivienda.
Mercado público
Más allá de la estructura legal creada, el Estado también ejerce el dominio en la producción y distribución de los materiales clave del sector construcción como cabillas, cemento, agregados y bloques.
El Gobierno en el Plan Socialista 2007-2013 notificó que era fundamental la inversión pública en la producción de insumos de la construcción. Por ello, entre 2008 y 2010 nacionalizó las siderúrgicas y las cementeras, y ahora maneja el 90% de la fabricación de los materiales.
Pero las cifras oficiales muestran que después de las nacionalizaciones la producción ya no es similar a la generada en otros períodos, y por ejemplo, al cierre de 2011 la fabricación de cabillas estuvo 19% por debajo de la registrada en 2007.
Con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela el dominio estatal con los insumos ha sido mayor, pues se extendió a la distribución.
Y en un contexto de producción insuficiente, el Ejecutivo decidió que la prioridad en la asignación de los materiales es para los proyectos del plan oficial, lo que ha afectado la ejecución de las obras privadas.
Por las regulaciones y la falta de insumos, las casas paradas o sin iniciar de los privados superan las 146 mil.
sábado, 26 de mayo de 2012
Interesados en incluir el estudio del suelo dentro de los planes de desarrollo urbano
El PDUL es la Propuesta de Desarrollo Urbano Local, que se establece a nivel de municipio, enmarcadas dentro de la propuesta de Ordenamiento del Territorio, con la finalidad de ordenar el crecimiento de la ciudad. En ella se contemplan variables tales como tipo de edificación a construir en función de la zona y del área de la parcela, porcentaje de construcción permitido, altura de las edificaciones, entre otras variables.
Actualmente en Barquisimeto un grupo de profesionales relacionados con el tema urbano, están interesados en promover la inclusión de la variable suelo dentro del PDUL.
De manera que con el conocimiento de las características y estado de los suelos, pueda evitarse la inversión de recursos económicos en zonas donde se prevee que puedan ocurrir situaciones que comprometan la estabilidad de lo edificado.
El Ingeniero Roberto Centeno, ex ministro de Transporte y Comunicaciones e impulsor de este equipo de trabajo, expresó que si el Estado debe reparar cada tres años una vía por problemas del suelo o construye casas que no cumplen con parámetros de calidad , está restando recursos necesarios para otro tipo de inversiones como escuelas, hospitales y otras de importancia para la colectividad.
Por ejemplo, expuso que en la Circunvalación Norte de Barquisimeto, se determinó luego de un estudio de las capas que el 90% de la vía está sobre suelos nocivos, lo cual es una de las causas de los problemas que presenta la vía en dos tramos.
A estos casos, se suma la problemática de la vida útil de una vía que actualmente se estima en tres años, cuando deberían tener una duración de 20 años. En muchos casos las empresas constructoras no aplican los sistemas constructivos adecuados, cuando se presentan problemas con suelos expansivos.
Finalmente el equipo de trabajo estará integrado por 20 profesionales de cada una de las instituciones involucradas en el proyecto de análisis del PDUL, entre otras Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA, Colegio de Ingenieros de Venezuela y Cámara de la Construcción.
Tomado del Impulso
26/05/12 B5
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