CAMBIO DE MODELO
El dominio se ha ejercido mediante regulaciones y nacionalizaciones
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Por la falta de insumos y los nuevos marcos legales los privados tienen 146 mil unidades paradas o sin iniciar ARCHIVO
MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
jueves 9 de agosto de 2012 12:00 AM
En 2007 el Estado decidió ampliar el dominio en las denominadas actividades estratégicas, lo que abarcó al sector construcción, y en cinco años el control en esa área se ha ejercido mediante las nacionalizaciones de empresas, las regulaciones y las ocupaciones de desarrollos habitacionales.
Si bien la participación estatal se ha registrado en gran parte de la construcción general, en la producción de viviendas se ha reflejado más, debido a las normativas que se han impuesto desde el 2009.
Hace tres años el Ejecutivo inició el cerco cuando el para entonces Ministerio de Obras Públicas prohibió la aplicación del índice de precios al consumidor en la preventa de inmuebles, lo cual obligó a las constructoras a realizar una revisión de los contratos. Y a partir de ese momento, las operaciones en el mercado primario empezaron a mermar.
El Estado siguió con las acciones, y aunado a esa prohibición, reformó la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios para fijar medidas preventivas sobre los bienes inmuebles cuando se detecten abusos de las constructoras. Luego se aprobó la Ley de Tierras Urbanas, que declara de utilidad pública e interés social todas las tierras sin uso y limita la disposición (venta) de los terrenos.
Las medidas no cesaron. En 2010 no se aprobaron nuevas leyes, pero sí fueron constantes las amenazas al sector hasta que en noviembre de ese año se autorizó la expropiación y ocupación de 57 desarrollos habitacionales en varios estados, bajo el argumento de que las constructoras incumplieron con las normativas y se retrasaron en la entrega de los proyectos. Esas soluciones posteriormente pasaron a engrosar la meta de producción de casas de los entes oficiales.
El cerco se siguió extendiendo en 2011 y 2012 cuando se autorizaron la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Dichas normas imponen más pasos a la producción de viviendas.
En la Ley de Alquileres las constructoras tienen que destinar un porcentaje de las unidades nuevas al arrendamiento y por esa obligatoriedad, deben informar al Ministerio de la Vivienda la cantidad de casas a realizar, y sin la carta aval del despacho no se pueden iniciar los desarrollos.
A esas exigencias se suman las previstas en la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que ordena a las empresas a registrarse ante una dependencia del despacho de la Vivienda y presentar una fianza por el 100% del costo de la obra. Ante ello, las constructoras ahora tardan más en arrancar los proyectos.
Situación diferente enfrentan los entes oficiales. Por la emergencia generada por las lluvias de diciembre de 2010, el pasado año el Gobierno redactó la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda y la Ley de Propiedad Familiar, que aunque contemplan ocupaciones de bienes e imponen condiciones a los beneficiarios de las unidades, le permite al Gobierno avanzar en la producción de soluciones habitacionales.
Las acciones del Estado llegan hasta los financiamientos. En los últimos decretos de la gaveta hipotecaria se ha fijado que la asignación de fondos a los desarrollos requiere de la aprobación previa del Órgano Superior de la Vivienda.
Mercado público
Más allá de la estructura legal creada, el Estado también ejerce el dominio en la producción y distribución de los materiales clave del sector construcción como cabillas, cemento, agregados y bloques.
El Gobierno en el Plan Socialista 2007-2013 notificó que era fundamental la inversión pública en la producción de insumos de la construcción. Por ello, entre 2008 y 2010 nacionalizó las siderúrgicas y las cementeras, y ahora maneja el 90% de la fabricación de los materiales.
Pero las cifras oficiales muestran que después de las nacionalizaciones la producción ya no es similar a la generada en otros períodos, y por ejemplo, al cierre de 2011 la fabricación de cabillas estuvo 19% por debajo de la registrada en 2007.
Con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela el dominio estatal con los insumos ha sido mayor, pues se extendió a la distribución.
Y en un contexto de producción insuficiente, el Ejecutivo decidió que la prioridad en la asignación de los materiales es para los proyectos del plan oficial, lo que ha afectado la ejecución de las obras privadas.
Por las regulaciones y la falta de insumos, las casas paradas o sin iniciar de los privados superan las 146 mil.
Si bien la participación estatal se ha registrado en gran parte de la construcción general, en la producción de viviendas se ha reflejado más, debido a las normativas que se han impuesto desde el 2009.
Hace tres años el Ejecutivo inició el cerco cuando el para entonces Ministerio de Obras Públicas prohibió la aplicación del índice de precios al consumidor en la preventa de inmuebles, lo cual obligó a las constructoras a realizar una revisión de los contratos. Y a partir de ese momento, las operaciones en el mercado primario empezaron a mermar.
El Estado siguió con las acciones, y aunado a esa prohibición, reformó la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios para fijar medidas preventivas sobre los bienes inmuebles cuando se detecten abusos de las constructoras. Luego se aprobó la Ley de Tierras Urbanas, que declara de utilidad pública e interés social todas las tierras sin uso y limita la disposición (venta) de los terrenos.
Las medidas no cesaron. En 2010 no se aprobaron nuevas leyes, pero sí fueron constantes las amenazas al sector hasta que en noviembre de ese año se autorizó la expropiación y ocupación de 57 desarrollos habitacionales en varios estados, bajo el argumento de que las constructoras incumplieron con las normativas y se retrasaron en la entrega de los proyectos. Esas soluciones posteriormente pasaron a engrosar la meta de producción de casas de los entes oficiales.
El cerco se siguió extendiendo en 2011 y 2012 cuando se autorizaron la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Dichas normas imponen más pasos a la producción de viviendas.
En la Ley de Alquileres las constructoras tienen que destinar un porcentaje de las unidades nuevas al arrendamiento y por esa obligatoriedad, deben informar al Ministerio de la Vivienda la cantidad de casas a realizar, y sin la carta aval del despacho no se pueden iniciar los desarrollos.
A esas exigencias se suman las previstas en la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que ordena a las empresas a registrarse ante una dependencia del despacho de la Vivienda y presentar una fianza por el 100% del costo de la obra. Ante ello, las constructoras ahora tardan más en arrancar los proyectos.
Situación diferente enfrentan los entes oficiales. Por la emergencia generada por las lluvias de diciembre de 2010, el pasado año el Gobierno redactó la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda y la Ley de Propiedad Familiar, que aunque contemplan ocupaciones de bienes e imponen condiciones a los beneficiarios de las unidades, le permite al Gobierno avanzar en la producción de soluciones habitacionales.
Las acciones del Estado llegan hasta los financiamientos. En los últimos decretos de la gaveta hipotecaria se ha fijado que la asignación de fondos a los desarrollos requiere de la aprobación previa del Órgano Superior de la Vivienda.
Mercado público
Más allá de la estructura legal creada, el Estado también ejerce el dominio en la producción y distribución de los materiales clave del sector construcción como cabillas, cemento, agregados y bloques.
El Gobierno en el Plan Socialista 2007-2013 notificó que era fundamental la inversión pública en la producción de insumos de la construcción. Por ello, entre 2008 y 2010 nacionalizó las siderúrgicas y las cementeras, y ahora maneja el 90% de la fabricación de los materiales.
Pero las cifras oficiales muestran que después de las nacionalizaciones la producción ya no es similar a la generada en otros períodos, y por ejemplo, al cierre de 2011 la fabricación de cabillas estuvo 19% por debajo de la registrada en 2007.
Con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela el dominio estatal con los insumos ha sido mayor, pues se extendió a la distribución.
Y en un contexto de producción insuficiente, el Ejecutivo decidió que la prioridad en la asignación de los materiales es para los proyectos del plan oficial, lo que ha afectado la ejecución de las obras privadas.
Por las regulaciones y la falta de insumos, las casas paradas o sin iniciar de los privados superan las 146 mil.
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