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domingo 31 de julio de 2011 12:00 AM
Son muchos los aspectos que despiertan inquietud con respecto al proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas que avanza en el seno de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional para su posterior consideración en plenaria.
Quienes impulsan la ley señalan que su articulado protegerá al inquilino de la explotación y de la especulación de quienes arriendan las viviendas. Pero desde la otra parte se indica que la ley crea una desigualdad en las protecciones que ofrece lo que se traducirá en una contracción en la oferta de viviendas en alquiler, porque ningún propietario se sentirá seguro al aplicar la normativa.
Así, por ejemplo, a los efectos de fijar el canon de arrendamiento el proyecto de ley indica que se tiene que calcular el valor del inmueble. En este punto nacen las dudas porque el texto plantea que se debe considerar el estado de la bienhechuría y "en ningún caso se tomarán en cuenta para el cálculo del valor de la tierra, los factores de ubicación y precios de mercado".
"Tenemos que ser conscientes. Queremos alquileres justos, no especulativos, no de explotación. Eso lo podemos sacar según los avalúos de los inmuebles y eso es lo que temen las cámaras inmobiliarias", expresó a la estatal AVN Maglene Sierralta, integrante de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos.
Las autoridades han expresado que el hecho de que una vivienda quede cerca de una estación de Metro, por ejemplo, no debe incidir en el valor del inmueble para fijar el canon de arrendamiento; pues el propietario se quiere beneficiar de una obra que fue costeada por el Estado.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, ya ha señalado que lo que se pretende es ajustar el precio de la vivienda "basado en un criterio de que la tierra no es tuya o que el elemento de la ubicación no es como consecuencia de tu inversión, si no del Estado, entonces va a costar lo mismo vivir en Altamira, que en Puerto Ordaz o Maracaibo".
En el seno de la comisión parlamentaria que preside Diosdado Cabello ya se estableció que los contratos de alquiler tendrán un plazo mínimo de tres años, con potestad de que el inquilino puede disolverlo antes de esa fecha sin penalización.
De igual manera se suprimieron las garantías, esquema bajo el cual el dueño de la vivienda exigía el pago de depósitos a los arrendadores.
A la fecha se ha avanzado en la revisión de unos 50 de los 150 artículos que contiene el proyecto de ley. CRG
Quienes impulsan la ley señalan que su articulado protegerá al inquilino de la explotación y de la especulación de quienes arriendan las viviendas. Pero desde la otra parte se indica que la ley crea una desigualdad en las protecciones que ofrece lo que se traducirá en una contracción en la oferta de viviendas en alquiler, porque ningún propietario se sentirá seguro al aplicar la normativa.
Así, por ejemplo, a los efectos de fijar el canon de arrendamiento el proyecto de ley indica que se tiene que calcular el valor del inmueble. En este punto nacen las dudas porque el texto plantea que se debe considerar el estado de la bienhechuría y "en ningún caso se tomarán en cuenta para el cálculo del valor de la tierra, los factores de ubicación y precios de mercado".
"Tenemos que ser conscientes. Queremos alquileres justos, no especulativos, no de explotación. Eso lo podemos sacar según los avalúos de los inmuebles y eso es lo que temen las cámaras inmobiliarias", expresó a la estatal AVN Maglene Sierralta, integrante de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos.
Las autoridades han expresado que el hecho de que una vivienda quede cerca de una estación de Metro, por ejemplo, no debe incidir en el valor del inmueble para fijar el canon de arrendamiento; pues el propietario se quiere beneficiar de una obra que fue costeada por el Estado.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, ya ha señalado que lo que se pretende es ajustar el precio de la vivienda "basado en un criterio de que la tierra no es tuya o que el elemento de la ubicación no es como consecuencia de tu inversión, si no del Estado, entonces va a costar lo mismo vivir en Altamira, que en Puerto Ordaz o Maracaibo".
En el seno de la comisión parlamentaria que preside Diosdado Cabello ya se estableció que los contratos de alquiler tendrán un plazo mínimo de tres años, con potestad de que el inquilino puede disolverlo antes de esa fecha sin penalización.
De igual manera se suprimieron las garantías, esquema bajo el cual el dueño de la vivienda exigía el pago de depósitos a los arrendadores.
A la fecha se ha avanzado en la revisión de unos 50 de los 150 artículos que contiene el proyecto de ley. CRG
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