La caída en la oferta y los altos precios limitan las compras
MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
domingo 15 de septiembre de 2013 12:00 AM
Acceder a una vivienda, bien sea mediante compra o alquiler, implica sortear una carrera de obstáculos. Las familias se tienen que enfrentar a una oferta de unidades insuficiente, elevados precios y créditos con tasas preferenciales que se quedan cortos ante los costos de los inmuebles.
En el recorrido por la vivienda la primera barrera que se debe pasar es la oferta, y de acuerdo a los inmobiliarios, la disponibilidad en el mercado primario y secundario es baja.
El mercado primario, que son las casas nuevas, es reducido. Si bien hace dos años se lanzó la Misión Vivienda que ha permitido a los entes oficiales culminar más de 140 mil unidades y superar así los resultados de años anteriores, esa cantidad de casas terminadas no ha cubierto los requerimientos. Aunque en este 2013 se plantearon metas ambiciosas, los datos oficiales dicen que la construcción pública ha perdido impulso.
El sector público en materia de vivienda está mostrando un comportamiento errático, pero en el sector privado la situación es más crítica, porque la producción de unidades se ha desacelerado fuertemente, lo que ha limitado el acceso a diversos segmentos de la población.
Ese descenso responde a varios factores. Desde 2009 la construcción privada ha sido objeto de un cerco legal que impacta en el avance de las obras. Ese año se prohibió la aplicación del índice de precios al consumidor en la preventa de inmuebles. Luego en 2010 se autorizó la intervención de 57 desarrollos habitacionales en varios estados. Y tras esa situación, en 2011 se aprobó la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que impuso más requisitos a las empresas.
Con esas regulaciones, los proyectos habitacionales tardan en iniciarse y aquellos desarrollos de viviendas que están en ejecución marchan con lentitud por la falta de materiales.
Desde hace tres años las empresas estatales que se encargan de fabricar insumos para la construcción no operan a plena capacidad y con el inicio de la Misión Vivienda la demanda subió y el suministro se agudizó.
Ante la menor cantidad de viviendas en el mercado primario, crecen las presiones en el mercado secundario (casas usadas).
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señala que el inventario de viviendas en ese mercado se está agotando y en las principales ciudades del país la oferta ha disminuido, lo que "complica el panorama".
Cuando un bien es escaso su valor se dispara, y en la carrera por la vivienda la segunda barrera es el costo del inmueble.
Los precios de las unidades se han elevado y según los inmobiliarios, cada mes suben en promedio 16%. Por esos altos precios se tiene que sortear una tercera barrera, el financiamiento. Si bien se han establecido tasas sociales y subsidios directos para completar la compra de la vivienda, los créditos máximos resultan limitados.
La falta de unidades y los altos costos no solo se observan en la compra de la vivienda principal, se extienden al alquiler.
Hace 10 años el Gobierno estableció un control a los cánones, lo que ha llevado a los propietarios de inmuebles a optar mas por vender que por arrendar, y con la reforma de la Ley de Arrendamientos de 2011 la oferta se redujo aún más.
En el recorrido por la vivienda la primera barrera que se debe pasar es la oferta, y de acuerdo a los inmobiliarios, la disponibilidad en el mercado primario y secundario es baja.
El mercado primario, que son las casas nuevas, es reducido. Si bien hace dos años se lanzó la Misión Vivienda que ha permitido a los entes oficiales culminar más de 140 mil unidades y superar así los resultados de años anteriores, esa cantidad de casas terminadas no ha cubierto los requerimientos. Aunque en este 2013 se plantearon metas ambiciosas, los datos oficiales dicen que la construcción pública ha perdido impulso.
El sector público en materia de vivienda está mostrando un comportamiento errático, pero en el sector privado la situación es más crítica, porque la producción de unidades se ha desacelerado fuertemente, lo que ha limitado el acceso a diversos segmentos de la población.
Ese descenso responde a varios factores. Desde 2009 la construcción privada ha sido objeto de un cerco legal que impacta en el avance de las obras. Ese año se prohibió la aplicación del índice de precios al consumidor en la preventa de inmuebles. Luego en 2010 se autorizó la intervención de 57 desarrollos habitacionales en varios estados. Y tras esa situación, en 2011 se aprobó la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que impuso más requisitos a las empresas.
Con esas regulaciones, los proyectos habitacionales tardan en iniciarse y aquellos desarrollos de viviendas que están en ejecución marchan con lentitud por la falta de materiales.
Desde hace tres años las empresas estatales que se encargan de fabricar insumos para la construcción no operan a plena capacidad y con el inicio de la Misión Vivienda la demanda subió y el suministro se agudizó.
Ante la menor cantidad de viviendas en el mercado primario, crecen las presiones en el mercado secundario (casas usadas).
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señala que el inventario de viviendas en ese mercado se está agotando y en las principales ciudades del país la oferta ha disminuido, lo que "complica el panorama".
Cuando un bien es escaso su valor se dispara, y en la carrera por la vivienda la segunda barrera es el costo del inmueble.
Los precios de las unidades se han elevado y según los inmobiliarios, cada mes suben en promedio 16%. Por esos altos precios se tiene que sortear una tercera barrera, el financiamiento. Si bien se han establecido tasas sociales y subsidios directos para completar la compra de la vivienda, los créditos máximos resultan limitados.
La falta de unidades y los altos costos no solo se observan en la compra de la vivienda principal, se extienden al alquiler.
Hace 10 años el Gobierno estableció un control a los cánones, lo que ha llevado a los propietarios de inmuebles a optar mas por vender que por arrendar, y con la reforma de la Ley de Arrendamientos de 2011 la oferta se redujo aún más.
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