5 DE SEPTIEMBRE 2014 - 12:01 AM
Venezuela fue el primer país de América Latina que tuvo un Ministerio del Ambiente. Pocos organismos con la categoría del ente existían en el mundo al momento de su creación en 1976, cuando el país fue pionero en el desarrollo de políticas públicas destinadas a fortalecer la gestión ambiental. Todos los avances en esta materia podrían perderse con la creación del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, anunciada por el presidente Nicolás Maduro el pasado martes.
“La Misión Vivienda que ha sido el mayor verdugo del medio ambiente urbano, ahora se hará cargo de quien debía ser su vigilante. Una de las críticas más grandes que se hace a los responsables de la misión, y al ministro Ricardo Molina, es que no tuvieron compasión alguna con las variables ambientales urbanas al momento de planear y ejecutar su desarrollo”, afirmó Arnoldo Gabaldón, primer ministro de Ambiente de Latinoamérica.
Tomó casi un año crear el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, que nació de los preceptos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo en 1972. Para especialistas en ambiente y planificación urbana, la fusión de la cartera de Ambiente con la de Vivienda y Hábitat supone el debilitamiento institucional de la primera y un retroceso de 40 años en materia ambiental. “Si dentro del gabinete no hay una representación se pierde peso político dentro de la gestión pública”, subrayó Diego Díaz Martín, presidente de la ONG Vitalis.
A Gabaldón le preocupa que “siendo el problema de déficit de vivienda tan grave, sin lugar a dudas la atención de los dirigentes del despacho será puesta mayoritariamente en este tema, en desmedro de una labor permanente y silenciosa de conservación de los recursos naturales”.
Acción cómplice. Abundan los ejemplos de casos en los que el Ministerio de Ambiente se ha hecho a un lado y ha permitido que se impongan las políticas de despachos como el de Vivienda y de Turismo que violan las normativas. Cristina Vaamonde, directora de la organización Una Montaña de Gente, enumera los siguientes: la construcción de un segundo puente en el Parque Nacional La Restinga, sin presentar un estudio de impacto ambiental, al igual que las obras del Teleférico de Mérida en el Parque Nacional Sierra Nevada –donde tampoco se presentó el estudio–. Así como el intento de construir viviendas en el Parque Nacional Henri Pittier y en el Parque Nacional Médanos de Coro; y los planes de megaproyectos turísticos en Morrocoy.
Con la fusión, el nuevo ministerio asume la responsabilidad de gestionar 43 parques nacionales, que representan 15% del territorio, más otra porción que abarca 67% del país, conformada por reservas de biosfera, monumentos naturales, lotes boscosos, entre otras áreas protegidas donde están ubicadas las fuentes de agua y electricidad.
Antonio Di Lisio, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, teme que la medida busque solventar el déficit de viviendas en detrimento de la desregularización de las áreas protegidas: “El Estado es el principal deforestador e interventor de estas áreas. Un ejemplo de ello son las construcciones que se han querido hacer en Coro y Ciudad Caribia que fue hecha en la zona protectora de Caracas”.
Estudios. Por disposición constitucional, “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural". El Ministerio del Ambiente era uno de los entes rectores de esta materia. La urbanista Sandra Ornés, investigadora de la Universidad Simón Bolívar, asegura que estos procesos deben continuar. Sin embargo, pone en duda la eficiencia del “megaministerio” al momento de otorgar los permisos.
Díaz Martín indica que pese a la fusión, la Constitución y las leyes siguen vigentes y, por lo tanto, ni siquiera la Misión Vivienda debe estar por encima de estas obligaciones. Para Vaamonde, “el llamado es al rechazo rotundo a esta sustitución. A rectificar y restituir el Ministerio del Ambiente y retomar el hilo constitucional”.
Contra el ecosocialismo
El uso del término "ecosocialismo" también genera ruido entre los especialistas. Para Diego Díaz Martín, presidente de Vitalis, se trata de una filosofía que en la práctica no se ha demostrado y que carece de rango constitucional, a diferencia de “ambiente” que aparece 24 veces en la Carta Magna y “ambiental” que se menciona 18 veces.
El uso del término "ecosocialismo" también genera ruido entre los especialistas. Para Diego Díaz Martín, presidente de Vitalis, se trata de una filosofía que en la práctica no se ha demostrado y que carece de rango constitucional, a diferencia de “ambiente” que aparece 24 veces en la Carta Magna y “ambiental” que se menciona 18 veces.
Antonio Di Lisio, investigador del Cendes, explicó que el ecosocialismo no tiene una fundación teórica clara. En 1987 se acuñó el término "desarrollo sostenible", en un informe titulado Nuestro futuro común, presentado en la ONU. “Los 23 países que participaron en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo estuvieron de acuerdo en que ni el capitalismo ni el socialismo eran suficientes por sí solos para superar la crisis ambiental y la Constitución de 1999 lo asume así”.
La fusión de los ministerios también representa una política contradictoria, con respecto al quinto motor de la revolución, esbozado por el fallecido presidente Hugo Chávez en el Plan de la Patria, que está orientado a "salvar la vida en el planeta".
“El término más que ideológico, es ideologizante e inconsulto. La función ambiental quedó absolutamente debilitada, porque ni siquiera el viceministerio que se creó es ambiental, sino ecosocialista”, concluyó Cristina Vaamonde, de Una Montaña de Gente.
