El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, afirmó que hasta que no se reforme la Ley de Propiedad Horizontal y se cree un régimen especial en los edificios en condición de alquiler no se podrá hacer su transformación ni su venta.
JORGE HERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
viernes 9 de mayo de 2014 05:50 PM
Caracas.- Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), informó que luego de dictada la Providencia 42, que estipula la venta de inmuebles a personas con 20 años o más en condición de inquilinos, el Gobierno volvió a crear una "falsa expectativa".
Explicó que 95%de los edificios alquilados con esas características no tiene documentos de condominio (1.188 inmuebles de 1.250 registrados en Apiur). "Tampoco están bajo el régimen de propiedad horizontal y ese es uno de los requisitos que solicita una providencia por segunda vez".
Orta aseguró que la adecuación de edificios en alquiler en Caracas puede tardar hasta dos años. "Es un proceso costoso porque esos inmuebles necesitan equipos de bomberos, modernización de tableros de electricidad y nuevos planos".
Comentó que la situación financiera de 1.250 edificios en Caracas, desde 2003, es que tienen alquileres congelados y en promedio 25 mil inquilinos pagan Bs. 150 por apartamento. "Por eso estos condominios están quebrados. La regulación no permite ingresos suficientes para su mantenimiento".
Solo en Chacao hay 300 edificios en alquiler, el resto fueron construidos en San Bernardino, Los Chaguaramos, Centro, Candelaria, Las Acacias, San José y Altagracia.
Precisó que los 60 días hábiles que otorga la Providencia 0042 desde el 28 de marzo pasado vencen el próximo 23 de junio, pero previamente es necesaria la fijación del valor de cada inmueble por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos (Sunavi). "Son inmuebles sin documentos de condominio y en consecuencia, tampoco tienen acceso a la banca. Al obviar eso, someten a los propietarios a unas multas (Bs 254 mil por apartamento). "La mayoría de los propietarios notificaran a la Superintendencia y por ende es de imposible cumplimiento este Providencia".
Orta explicó que en el caso de inmuebles adquiridos por sucesiones, donde están involucrados menores de edad, hay que pedir permiso a tribunales de menores.
"El principal problema es la obtención del documento de propiedad horizontal. La ley estableció una disposición transitoria con menos requisitos. No obstante, eso es incompatible con los requisitos que exigen en los registros de la ciudad. Encima la Providencia es incompatible con la leyes de Registro Publico y Ordenación Urbanística, y de Propiedad Horizontal. No derogó ninguna de estas leyes y cuando algún propietario acude a hacer algún trámite de compra - venta de apartamentos en condición de alquiler los registradores no aceptan los requisitos que plantea el Gobierno", afirmó.
Indicó que en las direcciones de Catastro de las alcaldías municipales de Caracas tampoco admiten un documento de condominio que no paso por los pasos previos dentro estas instituciones.
Orta señaló que los inquilinos no pueden financiar la transformación a propiedad horizontal. "Los precios de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos están basados en un método inconstitucional porque obvian el valor del terreno. Solo toman en cuenta la bienhechuría. La fórmula es el valor que puso el Ejecutivo en 2012 y se le aplica la depreciación por antigüedad. El ministro de Vivienda, Ricardo Molina, debió fijar un nuevo valor por metro cuadrado en noviembre de 2013. Eso también anula un avalúo sin actualizar el valor oficial".
Planteó que si la Superintendencia hace avalúos con los precios del metro cuadrado de 2012, los propietarios pueden solicitar su nulidad ante un tribunal.
"Hasta que no se reforme la Ley de Propiedad Horizontal y se cree un régimen especial para estos edificios no habrá ni la transformación ni la venta. Estos son intentos desde 2006, con el exalcalde Mayor Juan Barreto, quien expropió 188 edificios sin pagar un centavo.
Orta enfatizó que van a solicitar a la Superintendencia la revocatoria de la Providencia 0042 porque no puede ser cumplida en la mayoría de los edificios. "No se puede hacer ningún proceso de venta, es inconstitucional por cuanto las únicas dos formas de arrebatar la propiedad privada son la expropiación por causa de utilidad pública o la confiscación por delitos".
Explicó que 95%de los edificios alquilados con esas características no tiene documentos de condominio (1.188 inmuebles de 1.250 registrados en Apiur). "Tampoco están bajo el régimen de propiedad horizontal y ese es uno de los requisitos que solicita una providencia por segunda vez".
Orta aseguró que la adecuación de edificios en alquiler en Caracas puede tardar hasta dos años. "Es un proceso costoso porque esos inmuebles necesitan equipos de bomberos, modernización de tableros de electricidad y nuevos planos".
Comentó que la situación financiera de 1.250 edificios en Caracas, desde 2003, es que tienen alquileres congelados y en promedio 25 mil inquilinos pagan Bs. 150 por apartamento. "Por eso estos condominios están quebrados. La regulación no permite ingresos suficientes para su mantenimiento".
Solo en Chacao hay 300 edificios en alquiler, el resto fueron construidos en San Bernardino, Los Chaguaramos, Centro, Candelaria, Las Acacias, San José y Altagracia.
Precisó que los 60 días hábiles que otorga la Providencia 0042 desde el 28 de marzo pasado vencen el próximo 23 de junio, pero previamente es necesaria la fijación del valor de cada inmueble por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos (Sunavi). "Son inmuebles sin documentos de condominio y en consecuencia, tampoco tienen acceso a la banca. Al obviar eso, someten a los propietarios a unas multas (Bs 254 mil por apartamento). "La mayoría de los propietarios notificaran a la Superintendencia y por ende es de imposible cumplimiento este Providencia".
Orta explicó que en el caso de inmuebles adquiridos por sucesiones, donde están involucrados menores de edad, hay que pedir permiso a tribunales de menores.
"El principal problema es la obtención del documento de propiedad horizontal. La ley estableció una disposición transitoria con menos requisitos. No obstante, eso es incompatible con los requisitos que exigen en los registros de la ciudad. Encima la Providencia es incompatible con la leyes de Registro Publico y Ordenación Urbanística, y de Propiedad Horizontal. No derogó ninguna de estas leyes y cuando algún propietario acude a hacer algún trámite de compra - venta de apartamentos en condición de alquiler los registradores no aceptan los requisitos que plantea el Gobierno", afirmó.
Indicó que en las direcciones de Catastro de las alcaldías municipales de Caracas tampoco admiten un documento de condominio que no paso por los pasos previos dentro estas instituciones.
Orta señaló que los inquilinos no pueden financiar la transformación a propiedad horizontal. "Los precios de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos están basados en un método inconstitucional porque obvian el valor del terreno. Solo toman en cuenta la bienhechuría. La fórmula es el valor que puso el Ejecutivo en 2012 y se le aplica la depreciación por antigüedad. El ministro de Vivienda, Ricardo Molina, debió fijar un nuevo valor por metro cuadrado en noviembre de 2013. Eso también anula un avalúo sin actualizar el valor oficial".
Planteó que si la Superintendencia hace avalúos con los precios del metro cuadrado de 2012, los propietarios pueden solicitar su nulidad ante un tribunal.
"Hasta que no se reforme la Ley de Propiedad Horizontal y se cree un régimen especial para estos edificios no habrá ni la transformación ni la venta. Estos son intentos desde 2006, con el exalcalde Mayor Juan Barreto, quien expropió 188 edificios sin pagar un centavo.
Orta enfatizó que van a solicitar a la Superintendencia la revocatoria de la Providencia 0042 porque no puede ser cumplida en la mayoría de los edificios. "No se puede hacer ningún proceso de venta, es inconstitucional por cuanto las únicas dos formas de arrebatar la propiedad privada son la expropiación por causa de utilidad pública o la confiscación por delitos".
