domingo, 26 de agosto de 2012

Gobierno asignará viviendas construidas por vía de la gaveta



Ejecutivo notificará a las constructoras los beneficiarios de las unidades


MAYELA ARMAS H. |  EL UNIVERSAL
miércoles 22 de agosto de 2012  12:00 AM
El Órgano Superior de la Vivienda amplía sus atribuciones y ahora se encargará de asignar las soluciones habitacionales que serán construidas con fondos de la gaveta hipotecaria.

La semana pasada las autoridades que integran el Órgano Superior (Pdvsa, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de las Comunas, Banavih) sostuvieron un encuentro con los constructores a fin de informar los cambios que se realizaron en julio a los financiamientos hipotecarios, y adicionalmente, detallar los procedimientos de venta de las casas.

Los funcionarios señalaron que cuando las soluciones previstas por la vía de la cartera hipotecaria obligatoria ya estén casi listas, el Órgano Superior les enviará los nombres de los beneficiarios de esas viviendas, que luego tramitarán los créditos para la adquisición de dichas unidades.

Durante el encuentro, los miembros del organismo señalaron que la intención de participar en la venta de las viviendas es para que no existan promotores, es decir, que se realicen las gestiones directas.

Recientemente, el ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, expresó acerca de los financiamientos hipotecarios que habrá un esquema "en el que la banca acompañará al constructor hasta que termine las viviendas y así se le mantendrá las tasas preferenciales, con lo cual el constructor ya no tendrá argumentos para trasladar sobrecostos al comprador. Nosotros vamos a acompañar al comprador hasta que tenga el crédito".

Términos de los créditos 

Este año el Ejecutivo Nacional ordenó a la banca destinar 15% de su cartera total al sector hipotecario. Y en la norma decidió que de esos fondos, el 66% debe ir a la construcción de soluciones habitacionales.

De esa porción de la cartera que está destinada a la construcción, 55% quedó a criterio del Órgano Superior, y para disponer de esos recursos el Gobierno le entregó a la banca bonos emitidos por el Fondo Simón Bolívar.

El restante 45% de la cartera debe atender los proyectos de los privados. Pero la autorización de los financiamientos a las empresas está condicionado, pues para recibir los préstamos las constructoras tienen que producir viviendas, cuyos precios oscilen entre 300.000 y 500.000 bolívares.

Esos desarrollos, además serán evaluados previamente por el Órgano Superior de la Vivienda. El presidente de la industria petrolera comentó que "hay 20.000 proyectos que pasarán por el Órgano y a los cuales les vamos a ver los costos".

Fuentes oficiales señalan que en la reunión de la semana pasada con las autoridades del organismo el tema de los costos no fue discutido, aunque sí se planteó la necesidad de que se agilicen los procesos para la aprobación de los préstamos.

La banca no ha podido autorizar los recursos para los proyectos habitacionales, debido a que las constructoras tienen que cumplir con los requisitos fijados en la Ley contra la Estafa Inmobiliaria.

Ese texto obliga a las empresas a registrarse ante la dirección del sistema nacional de vivienda y hábitat, la cual también calificará los desarrollos. Y aunado al registro, tienen que consignar una fianza equivalente al 100% del costo de la obra, aspecto que sigue sin aclararse. La Ley entró en vigencia en abril y las autoridades aún no han hecho el reglamento. 

martes, 14 de agosto de 2012

Hay cuatro métodos para fijar el justiprecio de los bienes expropiados.


01.08.2012 04:20 PM El presidente de Apiur, Roberto Orta, dijo que la Ley de Tierras Urbanas (artículo 20) estipula incluir el valor de los terrenos urbanos similares, así como la clase y calidad
eltiempo.com.ve
Andreína Vargas    
Caracas.- El sector inmobiliario no ha escondido su oposición al marco legal aprobado en los últimos años, al considerar que se ha violentado el derecho a la propiedad privada, y se ha expuesto a ciudadanos y empresarios a la pérdida de su patrimonio.    
Atendiendo a esta realidad, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) realizó un foro sobre los alcances y efectos de las 83 normativas (19 leyes, 24 decretos y 40 resoluciones) dictadas desde 2005 en el ámbito habitacional.  

En el encuentro, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, denunció que una de las consecuencias del paquete legal es que actualmente existen cuatro métodos diferentes para fijar el justiprecio de los bienes expropiados.
Fórmulas en debate
Alertó que  esto  genera una especie de “limbo”, ya que no puede anticiparse cuál de los métodos será aplicado.   

Sobre las cuatro fórmulas, detalló que el procedimiento más antiguo es el de la Ley de Expropiaciones por Utilidad Pública (artículo 36), el cual  considera aspectos como el valor fiscal y de compra mayor a seis meses.  

Añadió que la Ley de Tierras Urbanas (artículo 20) estipula incluir el valor de los terrenos urbanos similares, así como la clase, calidad, dimensiones y su probable producción. A su vez, la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (artículo 73) establece que el método se hará con base en un valor de reposición que tiene que emitir el Ministerio de la Vivienda.
Completa el grupo la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia (artículo tres), donde se señala que el importe de compra será ajustado al Índice Nacional de Precios.  
eltiempo.com.ve 

jueves, 9 de agosto de 2012

El Estado amplió el control en la construcción de viviendas


CAMBIO DE MODELO

El dominio se ha ejercido mediante regulaciones y nacionalizaciones

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Por la falta de insumos y los nuevos marcos legales los privados tienen 146 mil unidades paradas o sin iniciar ARCHIVO
MAYELA ARMAS H. |  EL UNIVERSAL
jueves 9 de agosto de 2012  12:00 AM
En 2007 el Estado decidió ampliar el dominio en las denominadas actividades estratégicas, lo que abarcó al sector construcción, y en cinco años el control en esa área se ha ejercido mediante las nacionalizaciones de empresas, las regulaciones y las ocupaciones de desarrollos habitacionales.

Si bien la participación estatal se ha registrado en gran parte de la construcción general, en la producción de viviendas se ha reflejado más, debido a las normativas que se han impuesto desde el 2009.

Hace tres años el Ejecutivo inició el cerco cuando el para entonces Ministerio de Obras Públicas prohibió la aplicación del índice de precios al consumidor en la preventa de inmuebles, lo cual obligó a las constructoras a realizar una revisión de los contratos. Y a partir de ese momento, las operaciones en el mercado primario empezaron a mermar.

El Estado siguió con las acciones, y aunado a esa prohibición, reformó la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios para fijar medidas preventivas sobre los bienes inmuebles cuando se detecten abusos de las constructoras. Luego se aprobó la Ley de Tierras Urbanas, que declara de utilidad pública e interés social todas las tierras sin uso y limita la disposición (venta) de los terrenos.

Las medidas no cesaron. En 2010 no se aprobaron nuevas leyes, pero sí fueron constantes las amenazas al sector hasta que en noviembre de ese año se autorizó la expropiación y ocupación de 57 desarrollos habitacionales en varios estados, bajo el argumento de que las constructoras incumplieron con las normativas y se retrasaron en la entrega de los proyectos. Esas soluciones posteriormente pasaron a engrosar la meta de producción de casas de los entes oficiales.

El cerco se siguió extendiendo en 2011 y 2012 cuando se autorizaron la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Dichas normas imponen más pasos a la producción de viviendas.

En la Ley de Alquileres las constructoras tienen que destinar un porcentaje de las unidades nuevas al arrendamiento y por esa obligatoriedad, deben informar al Ministerio de la Vivienda la cantidad de casas a realizar, y sin la carta aval del despacho no se pueden iniciar los desarrollos.

A esas exigencias se suman las previstas en la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que ordena a las empresas a registrarse ante una dependencia del despacho de la Vivienda y presentar una fianza por el 100% del costo de la obra. Ante ello, las constructoras ahora tardan más en arrancar los proyectos.

Situación diferente enfrentan los entes oficiales. Por la emergencia generada por las lluvias de diciembre de 2010, el pasado año el Gobierno redactó la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda y la Ley de Propiedad Familiar, que aunque contemplan ocupaciones de bienes e imponen condiciones a los beneficiarios de las unidades, le permite al Gobierno avanzar en la producción de soluciones habitacionales.

Las acciones del Estado llegan hasta los financiamientos. En los últimos decretos de la gaveta hipotecaria se ha fijado que la asignación de fondos a los desarrollos requiere de la aprobación previa del Órgano Superior de la Vivienda.

Mercado público 

Más allá de la estructura legal creada, el Estado también ejerce el dominio en la producción y distribución de los materiales clave del sector construcción como cabillas, cemento, agregados y bloques.

El Gobierno en el Plan Socialista 2007-2013 notificó que era fundamental la inversión pública en la producción de insumos de la construcción. Por ello, entre 2008 y 2010 nacionalizó las siderúrgicas y las cementeras, y ahora maneja el 90% de la fabricación de los materiales.

Pero las cifras oficiales muestran que después de las nacionalizaciones la producción ya no es similar a la generada en otros períodos, y por ejemplo, al cierre de 2011 la fabricación de cabillas estuvo 19% por debajo de la registrada en 2007.

Con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela el dominio estatal con los insumos ha sido mayor, pues se extendió a la distribución.

Y en un contexto de producción insuficiente, el Ejecutivo decidió que la prioridad en la asignación de los materiales es para los proyectos del plan oficial, lo que ha afectado la ejecución de las obras privadas.

Por las regulaciones y la falta de insumos, las casas paradas o sin iniciar de los privados superan las 146 mil. 

domingo, 5 de agosto de 2012

El índice Big Mac muestra sobrevaluación del bolívar



La mezcla de tipo de cambio fijo y alta inflación desequilibra la economía

VÍCTOR SALMERÓN |  EL UNIVERSAL
jueves 2 de agosto de 2012  12:00 AM
El índice Big Mac elaborado por The Economist coloca a la moneda venezolana como la más sobrevaluada del mundo respecto al dólar, lo que constituye una muestra del desequilibrio que tiene la economía. 

El índice Big Mac se basa en la Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo que básicamente indica que el tipo de cambio entre dos monedas está en equilibrio cuando el precio de un mismo producto es igual en los dos países. 

El índice considera que el Big Mac, elaborado por Mc Donalds, es un producto representativo para detectar si las monedas están sobrevaluadas o subvaluadas porque tiene las mismas características en prácticamente todos los países. 

Así, el índice funciona calculando el tipo de cambio que haría que un Big Mac cueste lo mismo en cada país. 

Veamos la diferencia entre el bolívar y el rublo ruso. Al tipo de cambio actual un Big Mac, que cuesta 4,33 dólares en Estados Unidos, tiene un precio de 2,29 dólares en Rusia mientras que en Venezuela vale 7,92 dólares, es decir, en Rusia el dólar compra más hamburguesas, lo que indica que el rublo es barato, mientras que en Venezuela compra menos, indicando que el bolívar es caro o sobrevaluado. 

La moneda venezolana, de acuerdo con el índice, tiene una sobrevaluación de 83% al cierre de julio de este año. 

Una moneda sobrevaluada se traduce en que las exportaciones pierden mercado porque los productos que se elaboran en Venezuela son caros para el resto del mundo, mientras que las importaciones aumentan porque son baratas. 

Este desajuste se origina por una política donde el tipo de cambio oficial se ha mantenido en 4,30 bolívares por dólar mientras que la inflación venezolana es de las más elevadas del mundo. 

El resultado es que los costos de quien produce en Venezuela aumentan mucho más de lo que ocurre en otros países, proceso que es claro al observar el Mercosur. 

Al cierre de abril de este año la inflación acumulada en doce meses era de 23% en Venezuela mientras que en el resto de los integrantes del Mercosur la variación es mucho menor: Paraguay 3,3%, Brasil 5,1%, Uruguay 8% y Argentina 9,8%. 

Esta disparidad en el avance de los precios se traduce en que para un empresario venezolano es más costoso producir y sus productos son poco competitivos en el Mercosur, mientras que los alimentos que se compran a Brasil, Argentina o Uruguay son más baratos que los elaborados en el país. 

El Gobierno se vale de este desajuste para contener la inflación importando masivamente y en el primer trimestre de este año las compras del sector público en el exterior, principalmente de alimentos, registran un salto de 64%. 

Gracias a las importaciones, en los primeros seis meses de este año, en promedio, los alimentos y bebidas no alcohólicas acumulan un incremento de 7,6% versus 13% en el mismo período de 2011. 

Si bien se ha desacelerado, Venezuela sigue teniendo la mayor inflación de alimentos en la región y cuando se devalúe la moneda se verá en toda su magnitud el desequilibrio.